Cuando "ser el más grande" se convierte en la obligación más cara

El newsletter de esta semana mostró cómo la multa a Telnor golpeó el EBITDA de Telmex. Este reporte no repite esa cifra — explica por qué existe esa obligación regulatoria, y muestra que Telnor no es un caso aislado dentro del mismo grupo.

Qué es exactamente ser "Agente Económico Preponderante"

Desde marzo de 2014, el regulador determinó que el grupo de interés económico integrado por América Móvil, Telmex, Telnor, Telcel, Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa constituye un Agente Económico Preponderante (AEP) en telecomunicaciones — la participación de mercado más alta del sector. Esa designación no es simbólica: obliga a compartir infraestructura con competidores bajo tarifas controladas, publicar información detallada de servicios y tarifas, y le impide ofrecer servicios de televisión de paga.

El comunicado oficial del IFT sobre la multa original a Telnor (27-ene-2020) precisa el origen exacto: al 30 de septiembre de 2017, Telnor no puso a disposición del regulador y de otros concesionarios el 60% de la información que debía reportar sobre su infraestructura de postes y pozos — un requisito que existe para que otros operadores puedan rentar esa infraestructura y competir sin construir la suya desde cero. América Móvil calificó públicamente la sanción de "arbitraria, ilegal y desproporcionada" y anunció que la impugnaría por todos los medios legales — lo que explica por qué la multa tardó años en quedar firme.

Telnor no es un caso aislado — es el patrón de todo el grupo

La multa documentada en el newsletter no es la primera del grupo América Móvil por temas similares de preponderancia. En febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó, por decisión unánime, otra sanción distinta contra Telnor — 18.3 millones de pesos por incumplir parámetros de entrega de enlaces de larga distancia establecidos desde 2010-2011. La empresa alegó fenómenos climáticos y fallas de infraestructura; ni el regulador ni la Corte aceptaron el argumento.

El historial acumulado de sanciones a las empresas de Carlos Slim en telecomunicaciones supera los $2,700 millones de pesos — sin contar la multa a Telnor de $1,791 millones documentada en el newsletter de esta semana, que por sí sola casi iguala todo el historial previo combinado.

El caso que muestra el otro extremo: irse del mercado

Telefónica México —que no cargaba con la designación de AEP— vendió su operación completa en 2026 por apenas $450 millones de dólares, a pesar de tener 21.7 millones de clientes activos. Mientras tanto, Telmex —que sí carga con la designación— reportó una caída de 2.1% en su utilidad neta en el mismo segundo trimestre de 2026, aun cuando la empresa está en plena estrategia de recuperación de mercado frente a Izzi y Totalplay en internet fijo.

Lo que viene: 2027 como punto de revisión formal

La concesión actual de Telmex para operar su red pública nacional entró en vigor el 11 de marzo de 2026, con vigencia de 30 años — hasta 2056. Pero el siguiente hito regulatorio real llega mucho antes: en 2027 se revisarán formalmente las condiciones de preponderancia, se ajustarán las obligaciones de acceso a infraestructura, y se definirá el alcance de nuevos servicios que la empresa podría ofrecer. Es decir, el régimen que hoy genera estas multas no es permanente ni está fijado — está sujeto a una revisión ya calendarizada, apenas a un año de distancia.

Carlos Slim mismo declaró públicamente que Telmex "ya no es rentable" en los términos tradicionales del negocio, incluso mientras la empresa renovaba su concesión por tres décadas más — una declaración que solo tiene sentido si se entiende dentro del contexto de una carga regulatoria que, once años después de haberse impuesto, sigue determinando gran parte del resultado financiero de la compañía.

Qué tan excepcional es el régimen mexicano, comparado con otros países

Una de las medidas más extremas dentro de la regulación de preponderancia es la llamada tarifa cero de interconexión, prevista en el artículo 131 de la ley — obliga al AEP a terminar, sin cobrar, todo el tráfico proveniente de las redes de sus competidores. Según un análisis especializado en regulación de telecomunicaciones, ningún régimen asimétrico similar existe en la jurisprudencia estadounidense sobre "essential facilities", ni en las recomendaciones de la Comisión Europea sobre tarifas de terminación. Es decir: la obligación que hoy le cuesta a Telmex/Telnor miles de millones de pesos en sanciones acumuladas no tiene un equivalente directo en los dos mercados de telecomunicaciones más grandes y regulados del mundo.

La respuesta estratégica: crecer donde el régimen pesa menos

En una conferencia con analistas correspondiente al cierre de 2025, Daniel Hajj, director general de América Móvil, explicó que recuperar participación de mercado en banda ancha fija es uno de los objetivos clave de la estrategia actual de Telmex — precisamente porque una base de usuarios más grande permite distribuir entre más clientes los costos asociados con las obligaciones regulatorias de la designación AEP. La compañía ya migró al 85% de sus usuarios a fibra óptica, y compite activamente contra Izzi y Totalplay para recuperar el nivel de participación que tenía antes de la pandemia. Es, en otras palabras, una estrategia de crecer para diluir el costo regulatorio — no de esperar a que ese costo desaparezca.