De la denuncia a la prisión: lo que la ley realmente castiga

En el newsletter de esta semana hablamos de las 44 denuncias penales de COFEPRIS (2024-2025) por venta de medicamentos falsificados y las 188 carpetas de investigación que ha abierto la FGR. Este reporte no repite esas cifras: profundiza en la consecuencia legal concreta detrás de esas denuncias, y en por qué es un tipo de riesgo distinto al que ya cubrimos en el reporte del post de esta semana (que trató sanciones administrativas, no penales).

Qué cuenta como medicamento falsificado

La definición que usan las autoridades no se limita a la composición química del producto. Un medicamento se considera falsificado cuando hay una representación falsa o fraudulenta de su identidad — esto incluye declaraciones engañosas sobre el nombre, la dosis o la composición, pero también sobre su procedencia: el fabricante real, el país de origen, el titular del registro, o la vía de distribución por la que llegó al punto de venta.

Bajo esta definición, un producto genuino que llegó por una vía de distribución que no se puede acreditar cae, en la práctica, dentro de la misma categoría de riesgo que un producto adulterado — el criterio no es solo qué contiene el producto, es qué tan verificable es la historia que cuenta sobre sí mismo.

La consecuencia penal, no solo administrativa

Esto es un tipo de consecuencia distinto al que cubrimos en el reporte del post de esta semana (multas administrativas de 12,000 a 16,000 UMA por distribución irregular). El Artículo 464 Ter de la Ley General de Salud tipifica la venta y distribución de producto falsificado como delito penal, con pena de prisión — no solo una sanción económica a la empresa, sino responsabilidad personal para quien lo comercializa a sabiendas o sin poder acreditar su origen.

Por qué esto conecta con el punto ciego operativo

Ninguna empresa que compra y revende producto de un intermediario pretende comercializar algo falsificado o robado a sabiendas. El riesgo real está en no tener forma de distinguir, en el momento de la compra, un producto con procedencia limpia de uno que no la tiene. Sin trazabilidad activa de proveedores, la exposición penal no depende de la intención — depende de la capacidad de demostrar, después del hecho, que se hizo la diligencia debida.